Antes de indicar los elementos clave que conforman el Plan de Gestión Parlamentario (PGP) que expondré en sucesivos artículos, es fundamental explicar el Principio de la Subsidiariedad porque es la columna principal que sustentará dicho PGP. La subsidiariedad es la tendencia favorable que surge desde el poder del Estado hacia los poderes locales con el fin de promover y consolidar actividades socioeconómicas, por ejemplo proyectos productivos u obras de infraestructura rurales, periurbana y urbanas, con el propósito de fortalecer el desarrollo social e integral de las comunidades locales.
Esta definición está implícita en los principios constitucionales, uno de los cuales establece que: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia…”). De allí que el Estado venezolano debe ser el resultado de un proceso asociativo, progresivo y posterior a otros órdenes constitucionales, por ejemplo el poder local a nivel comunal debe asegurar la provisión de bienes y servicios públicos a través de la participación de las de las organizaciones vecinales; a nivel parroquial se requiere de la participación de todas las organizaciones comunales; en el municipal de todos las organizaciones parroquiales y así escalonadamente hasta configurar los poderes locales en uno solo que es el del Estado.
El proceso que hace posible la expresión del poder del Estado en la solución eficaz y efectiva de los problemas prioritarios de las comunidades locales es la descentralización y transferencia de competencias del poder nacional a los estados, municipios, parroquias, barrios, urbanizaciones, sectores, comunas, cuadras, familia e individuos. De allí que lo fundamental de un orden social libre es el respeto de los derechos individuales para minimizar el riesgo de que algunos individuos sean decisivos en la definición del bienestar de otros, pero también, para generar un sistema de incentivos que permita una asignación eficiente de los recursos en beneficio de muchas personas.
En este contexto, el principio de subsidiariedad constituye la clave para dar coherencia a un sistema que fomente la libertad individual, permitiendo que las personas se organicen libremente y resuelvan sus problemas con autonomía e independencia con el apoyo del Estado, sin que medien controles o requisitos que sean diferentes o contrarios al interés o bienestar comunitario. Por ello, a medida en que las decisiones estén más cercanas de las personas, los riesgos de externalidades del gobierno son menores. Por lo tanto, al Estado le corresponde un ámbito de decisión pública limitado a la preservación de los derechos fundamentales y a la provisión de bienes públicos.
De allí la insistencia en defender la descentralización conquistada en gobiernos anteriores, ya que el gobierno actual ve a los municipios y las regiones como herramientas del Estado Central, erosionando las bases de la responsabilidad individual. Esta situación trae consigo dos efectos negativos: 1º) El deterioro de los vínculos y las relaciones solidarias entre las personas y 2º) La concentración de la toma de decisiones en pocos individuos.
Así, cuando la responsabilidad no radica en el nivel local y, por consiguiente, las respuestas a los problemas que allí surjan son dirigidas al gobierno central, se genera un incentivo a concentrar la actividad de demanda por regulación en el nivel central, generando un proceso creciente de concentración de la toma de decisiones entorno a dicho centro. A su vez, esto aumenta la demanda por capturar instituciones que implican la asignación de recursos desde el gobierno central. De esta forma, la profecía se auto-cumple: el gobierno central distribuye recursos a entidades pasivas que, dependiendo de las contingencias, demandan periódicamente recursos del gobierno, lo cual confirma el carácter central de dicho nivel.
Por eso hay que insistir en la libertad individual, en informar adecuadamente a las personas, y al estar debidamente informadas, exijan transparencia y rendición de cuentas a sus autoridades. Con esto terminaríamos con un flagelo que nos corroe que es la corrupción impune.
En resumen, queremos un Estado que cumpla su papel de tutor del bien común; que cumpla con eficiencia sus tareas en relación con el principio de subsidiaridad, elemento esencial del sistema de economía social de mercado.
Edgar Jaimes (*)
(*) Profesor Titular Jubilado del NURR-ULA, Trujillo.
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