En Venezuela habría desaparecido el Estado de Derecho desde que fue aprobada la Constitución de 1999. Para unos, desde el inicio del proceso constituyente, porque los mecanismos para su convocatoria, la selección de candidatos y elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, luego su discusión y aprobación fueron impropios e inaceptables, y para las mayorías, porque a partir de “sus publicaciones” ha sido irrespetada de hecho, en la práctica, en buena parte de todo su articulado, mediante la violación flagrante de los derechos humanos de los venezolanos y residentes. En ambos casos el debate no ha sido permitido y más bien ha sido despreciado e ignorado. Ejemplo claro de tales violaciones lo ofrece el contraste con la realidad el Título correspondiente al Poder Público y el capítulo del Poder Electoral, transformado en el sustento, en el instrumento fraudulento, legitimador y legalizador del régimen con su comparsa, sus oposiciones “autorizadas”. Todo se ha desarrollado a partir de allí.
Las minorías ignorantes y asfixiadas por la propaganda oficial, y también las mayorías, han venido siendo engañadas por el régimen, gracias a la complicidad primero y luego a la asociación con las “oposiciones”, para completar el escenario en el que se desarrolla la opereta venezolana que nos retorna a una situación inédita y mucho más grave que las oscuras etapas socio-políticas de la transición del siglo XIX al XX. Hoy bautizada de forma todavía incompleta como la “Era PUDREVAL”.
Las élites se empeñaron en imponer este fraude despreciable y en contra de la voluntad manifestada por el colectivo mediante marchas, huelgas y por su coherente comportamiento ante la “pantomima electoral”, bautizada así por el difunto, ilustre Rosalio Cardenal Castillo Lara, practicada de forma permanente y continuada. De esta manera, con la abrumadora y absoluta censura y autocensura de los medios de comunicación social a partir del 4DIC2005, de la denominada “elección” de la Asamblea Nacional, han impuesto mediante la manipulación de la expresión de la sociedad y por la fuerza del régimen, mediante amenazas, despidos, asaltos de residencias durante la madrugada y de los activos laborales, hostigamientos, persecuciones, secuestros judiciales calificados de “detenciones” o expresos, el programa del terror de los más de 140 mil asesinados atribuidos al hampa común, aunque más del 95% ni siquiera son investigados, es decir, son bendecidos con la total impunidad, la promoción de la usurpación de la propiedad urbana y rural, programas intensivos para controlar la población o estimular el éxodo y el exilio de quienes tienen la formación y experiencia profesional para contribuir con el desarrollo de otras naciones, o mediante la obtención de la segunda nacionalidad de sus ancestros.
Adicionalmente, el régimen se asoció con la subversión regional y mundial, el narcotráfico, la legitimación de capitales, la asociación con países forajidos, la industria armamentista convencional y nuclear, hasta la federación y creación de VENECUBA, sometiendo nuestra seguridad de Estado, la ciudadanía, la inteligencia y la defensa de la soberanía, las fuerzas armadas, el control de la propiedad, la salud, a un contingente cubano estimado en más de 60 mil militares, encubiertos en funciones de asesoría y cooperación. Capaz de digerir escándalos como el de la ministra cubana despachando en Venezuela y responsable de la operación emblemática referida PUDREVAL.
La presidencia de la República de Colombia, esa sí de origen legítimo por el ejercicio de la soberanía popular mediante el sufragio universal, manual, directo y secreto; y el escrutinio, la totalización y la proclamación transparentes y auditables, habría cumplido con su obligación ética y para la protección de la soberanía de Colombia y de sus ciudadanos, más allá de los millones de residentes y descendientes que viven en Venezuela, después del anuncio del Presidente Uribe (MAR2008) de denunciar a Hugo Chávez ante la Corte Penal Internacional, por su cooperación con el genocidio atribuido a la subversión y al narcotráfico representado por las FARC y el ELN, protegidos, apoyados y promovidos por el régimen venezolano. Podríamos interpretar la denuncia ante la OEA como el primer paso en la vía de su ofrecimiento, estableciendo las pruebas que confirmarían el “acto hostil”, condición previa y necesaria para justificar la reacción de defensa y protección proporcional del agredido, de Colombia, para responder como en el caso del ataque al campamento de las FARC en el Ecuador, para lo que habría dado 30 días de plazo.
La defensa de la soberanía venezolana está, a pesar de la propaganda oficial y del “chantaje” del régimen a sus socios que actúan como candidatos, o han sido proclamados por el CNE, del lado de las autoridades legítimas de la República de Colombia, y no del régimen venezolano que usurpa todos los poderes públicos, la representación del Estado y la jefatura de las Fuerzas Armadas Nacionales. Los traidores a la patria y responsables de genocidio serían todos ellos, no los venezolanos que denunciamos el mundo depravado que imponen el régimen, sus “oposiciones” y las élites mediante el atropello, la censura y la autocensura de los medios de comunicación social. Tampoco, de quienes desconocemos las acciones del régimen por considerarlas contrarias a los intereses de Venezuela y de sus ciudadanos, a la Justicia y al Derecho, sintiéndonos en este caso, representados más bien por la posición clara y directa de la sociedad colombiana, porque adicionalmente, como lo hemos demostrado con la investigación publicada por el Frente Patriótico, la Cátedra Pío Tamayo, así como la disponible en los blogs del OBSERVATORIO ELECTORAL INTERAMERICANO, el régimen venezolano es ilegítimo e ilegal, y en consecuencia también sus acciones son nulas y debemos todos desconocerlo.
La farsa electoral y la propaganda electoral asociada, distorsionan la visión equilibrada de las relaciones con Colombia. Miembros del crimen organizado disfrazados de candidatos para la farsa del 26SEP, denuncian intenciones oscuras para suspender las elecciones detrás del rompimiento de relaciones, como paso previo a la declaración de un ¡Estado de Excepción! Permítanme que invoque a Dios, no para pedir que realice un milagro contrario a la ley natural y al compartimiento cómplice de respaldo al fraude electoral, sino para exclamar: ¡Estado de Excepción sin Estado de Derecho!, ¿qué significado tiene eso? Si el régimen-oposiciones son los únicos empecinados y desesperados en sostener la farsa electorera.
Eso es equivalente a la contradicción de las conclusiones de los intermediarios católicos de Dios en estas tierras, cuando denuncian en solemne cónclave en su Conferencia Episcopal Venezolana el carácter marxista leninista del régimen, que ratifica el Cardenal Urosa ante los usurpadores de la institución legislativa nacional que cohonesta y legitima con su presencia, transformándolos “milagrosamente” de diablos en corderitos y empujando simultáneamente al precipicio del fraude y de la pantomima electoral a todos sus fieles: ¡Vayamos todos a las urnas el 26SEP! ¡Dios! ¿Cómo no van a salir los próceres electoralistas a denunciar el riesgo del “Estado de Excepción”?, que acabaría también con sus “pensioncitas en divisas” en los parlamentos multinacionales, o sus presupuestos y sus “espacios” en los nacionales. Bien confundidos los sacerdotes católicos de la CEV, afectados también por otros traumas de la Iglesia, cuando siguen las recomendaciones de asesores políticos procedentes de la “Mesa de la Unidad” y de la propia vergüenza del “OJO ELECTORAL” del Centro Gumilla de la Compañía de Jesús.
¡Fin de mundo!: la CEV promueve y ofrece como vía de salvación a sus fieles y al colectivo que adopten la vía del pecado, de la perversión, de la violación de los derechos humanos, del fraude, la mentira, el engaño y la manipulación de la sociedad, asociándose con el acto ilegal, bochornoso y perverso denominado cínicamente “electoral” del 26SEP.
La caída del régimen para el restablecimiento del Estado de Derecho, por la voluntad soberana, se ha producido varias veces, entre otras, cuando el Alto Mando Militar removió a Hugo Chávez, solicitándole la renuncia responsabilizándolo por los asesinatos de manifestantes el 11ABRIL2002; luego, por la vía electoral se produjo el 15AGO2004 en la farsa del Referéndum “Ratificatorio” inventado por el CNE, en el que una mayoría abrumadora del 90% de los inscritos votó “NO RATIFICAMOS”, perdiendo de inmediato Chávez su condición de Presidente; también el 4DIC2005, cuando alrededor del 90% de los inscritos en un Registro de Electores fraudulento, no votó o votó nulo, pero en todos estos eventos fuimos vendidos y traicionados por los poderes que manejan a los próceres electoralistas del régimen y de las oposiciones, representados por los mismos que configuran hoy la vergüenza denominada “Mesa de la Unidad”, espacio totalitario para sostener el fraude y mantener al régimen. Para quienes el voto sí tendría valor cuando los “proclaman” a ellos, pero no vale cuando la expresión de la soberanía ordena “desproclamar” al usurpador de la presidencia y la representación del Estado, o desconocer a los usurpadores de la Asamblea Nacional y del Consejo Nacional Electoral.
Como insisten en vender la salida electoral con el CNE del régimen y de las oposiciones “autorizadas”, permítanme confirmarles que sí existe, con este régimen, con estas oposiciones y su “Mesa”, aunque les cueste creerla e imaginarla, según la cual tendrían la oportunidad de demostrar que sería un “malentendido” su asociación con el régimen en respaldo del fraude electoral, y que su invitación a votar no sería sino la demostración del espíritu de sacrificio que declaran encarnar. Pues bien, sacrifíquense renunciando a sus candidaturas, antes de que el colectivo se rebele y los empuje, una vez más, como lo hizo antes del 4DIC2005, cuando los obligó a retirar sus candidatos al anunciar las encuestas el rechazo absoluto del colectivo por la participación en el bochorno electoral. Esta es la vía “electoral” para iniciar el restablecimiento del Estado de Derecho, siempre que no se repita y se produzca la traición y la farsa, cuando el régimen-CNE “proclame” unos resultados para que las oposiciones aplaudan y se juramenten unos “diputados”, en un nuevo capítulo del fraude más escandaloso de nuestra historia.
Ninguna sociedad civilizada podría construirse sobre los valores y principios provenientes de una letrina como ésta.
La pantomima electoral representa la complicidad y asociación con el genocidio; no tendría después de 10 años otro nombre, ante el horror y la vergüenza a la que ha sido sometida Venezuela y que ha sido también exportada. En nombre de la “democracia” pretenden extender el período de la destrucción de la nación, en otro experimento escandaloso y criminal ¡hasta el 2012! dicen. La lista de los responsables la encabezan los candidatos proclamados por el crimen organizado transnacional disfrazado de ideología desde 2005 y en ejercicio en el CNE, diputados de la AN, gobernaciones, alcaldías, concejos municipales, consejos legislativos y juntas parroquiales, y quienes pretenden su proclamación como resultado del fraude del 26SEP2010, así como la censura y la autocensura de los medios de comunicación social.
“De buenas intenciones está empedrado el camino al Infierno”. Afirmación útil tanto para los ángeles como para los demonios.
La renuncia en bloque de los candidatos representaría una vía “electoral” de la transición constitucional para restablecer el Estado de Derecho en Venezuela.
Reconozcan su error y muestren su arrepentimiento, ¡detengan el engaño y actúen renunciando!, pero para asumir esta vez la bandera enarbolada por el colectivo desde 2002, del desconocimiento definitivo del régimen, y de su Sistema Electoral-CNE.
Dios, la patria y el colectivo se los agradecerán.
Démosle una oportunidad a la Historia para que nos absuelva. Aunque esto parece ya difícil.
Rómulo Lares Sánchez. 28JULIO2010
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