RÓMULO LARES - SIETE (7) ACADEMIAS NACIONALES Y LA RACIONALIDAD REVOLUCIONARIA

El “COMUNICADO DE LAS ACADEMIAS NACIONALES. Una exhortación para iniciar un diálogo constructivo sobre la Ley Orgánica de Educación” (LOE), publicado en el diario “El Nacional” el 8AGO2009, suscrito por los presidentes y representantes de cada una de las 7 academias, nos permitiría concluir que existe el acuerdo de la mayoría de sus miembros.

El documento está conformado por ocho párrafos, que contendrían “…todas estas razones”, que adicionadas a “nuestras obligaciones legales y morales consideramos conveniente hacer públicas estas justificadas preocupaciones, con el fin de contribuir al establecimiento de un amplio diálogo democrático, sereno y respetuoso.”

Los académicos argumentan que “Por tratarse de una materia estatutaria relacionada con la esencia misma de las Academias Nacionales, resulta una obligación impostergable pronunciarse sobre la manera como se está llevando a cabo la formulación de una nueva Ley Orgánica de Educación.” Debería ser acogido con esperanza que las “Academias” se pronuncien, pero cualquier lector tendría que preguntarse si los estatutos de las academias consideran la obligación de pronunciarse cuando se viola de manera permanente y continuada el Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, Artículo 2 de la Constitución de 1999, además de una larga lista de otros artículos, que asumimos por el contenido del documento que los académicos aceptan como vigente, pero que por alguna sabia razón les parece que otra ley de menor rango, discutida y aprobada en primera discusión por una institución írrita, ilegítima e ilegal en su origen, como lo es sin lugar a duda alguna, la farsa denominada Asamblea Nacional, que adicionalmente viola en la forma y el fondo el marco legal en su desempeño.

El cómo incorporaría detalles referidos a una segunda discusión de un texto diferente al aprobado en primera discusión; en el período en el que el sistema educacional se encuentra en receso. Pero, ¿qué sentido tiene debatir sobre el cómo, ni el fondo?, en la práctica no hay un sólo artículo de la Constitución que no sea interpretado de forma arbitraria. ¿Es que los académicos creen que el problema del Estado y de la nación se resuelve por la vía jurídica, con las mejores leyes del planeta, y minimizando hasta eliminar adicionalmente el carácter nulo absoluto en el origen de la autoridad usurpada?

Los académicos consideran relevante que se tome en cuenta a “todos los sectores del sociedad, con especial participación de los organismos del Estado que tienen la responsabilidad de proponer sus lineamientos,……” “…y finalmente de los padres y representantes que tienen derecho a conocer y opinar sobre el fondo y forma de la educación que reciben sus hijos.”

Los académicos respaldan y legitiman la existencia del Poder Ejecutivo, que es al que corresponde la autoridad pública nacional sobre los temas de la educación, pero se olvidan tanto de las autonomías de los estados y municipios en cuanto a la responsabilidad pública en la educación, como a la de los ciudadanos, es decir el soberano, que es el que debe realmente determinar cuáles son los lineamientos que deben ser propuestos, porque el gobierno debe servir a la Nación como componente del Estado y no al revés, como lo pretenden los académicos, limitando el derecho del soberano, de los padres y representantes al “…..derecho a conocer el fondo y la forma de la educación que reciben sus hijos”.

Los académicos nos solicitan que aceptemos que el Estado, en nuestro caso adicionalmente el régimen usurpador de los poderes públicos, sea el que tome la iniciativa y luego oiga las opiniones de los interesados.

Los académicos pretenden hacernos creer, y al mundo, que el Estado de Derecho existe en Venezuela, y adicionalmente que tienen competencia los poderes públicos usurpados para adoptar y administrar, por ejemplo, las recomendaciones de la UNESCO. Así como hemos seguido las recomendaciones de la OEA, las Naciones Unidas-PNUD, la Comunidad Europea y el Centro Carter para respaldar y legitimar un Sistema Electoral para el fraude permanente y continuado con el que se destruyó la legitimidad del origen de todas las instituciones, antes de hablar del primer punto-violación del Estado de Derecho en cuanto al desempeño de tales “autoridades” de facto; como también hemos adoptado la organización y los esquemas importados de Cuba y de otros aliados del régimen. Siempre podremos aprender de otros expertos, pero ¿cómo adoptar otras recomendaciones mientras no aplicamos las nuestras que han sido adoptadas por diversas naciones, de expertos como: Simón Rodríguez, Andrés Bello, Luís Beltrán Prieto Figueroa, Arturo Uslar Pietri, Federico Rivero Palacios, Rafael Vegas Sánchez o Ernesto Mayz Vallenilla?, para mencionar algunos.

Los académicos nos repiten la referencia constitucional en sus artículos 102 y 103. ¡Qué se cumplan esos artículos, solicitan!, ¿a pesar de que se sigan violado los 348 restantes?, y todos los demás derechos humanos. Quizás los presidentes de la Academia de Ciencias Físicas y Naturales, el encargado de la de Ciencias Políticas o el de la de Ingeniería y el Hábitat, nos puedan explicar de forma simple esta incongruencia? Hacen referencia al ejercicio de la autonomía universitaria, otra institución que en Venezuela se encuentra secuestrada por autoridades y principios que promueven la “negociación” de las condiciones del financiamiento público para “salvarse”, aunque censuren los temas acordados y se declare, mintiendo, que persiguen la búsqueda de la verdad. El premio al mejor negociador es muy reñido pero de la habilidad de la Compañía de Jesús no podría dudarse, cuando promueve al “Ojo Electoral” miope y ciego, o cuando asegura el carácter vitalicio del rectorado de la UCAB del miembro “elevado” más recientemente a la Academia, y especialista en las “negociaciones” con el régimen y sus ministros de Educación. (Ver “Carta Abierta al Padre Luís Ugalde”. 5MARZO2007. R. Lares Sánchez. http://observatorioelectoralarticulos.blogspot.com/2009/03/marzo-5-07-carta-para-luis-ugalde.html)

Los académicos de nuevo insisten en el argumento según el cual la Constitución obliga a que los cambios de los principios en ella establecidos, “…requiere una amplia consulta….”, y sospechan que “se pretende la imposición de un pensamiento único”, conclusión a la que habrían llegado “…como se desprende de la apresurada y sigilosa manera de presentar la Ley…..”; de nuevo el síndrome exclusivo de la “alta sociedad” adobado con la práctica de resolución de conflictos familiares conocida como la “venta del sofá”. Pero, si esta es la visión de los académicos, ¿cómo explicarle al país y al mundo que las academias y los académicos no han percibido que desde 1999 esas han sido explícitamente las acciones del régimen, que esa ha sido la realidad establecida como norma de conducta permanente y continuada que ellos “descubren” en agosto de 2009, en una de las “n” leyes “aprobadas” y “aceptadas” por las academias.

Las mismas academias nacionales habían tomado posición pública sobre el denominado proyecto de Reforma Constitucional, argumentando bajo la misma pauta que: “…manifestaron su desacuerdo respecto al procedimiento “escogido” para debatir la propuesta, ya que los cambios profundos ameritan otro tipo de proceso”. En el anterior comunicado se aprecian las mismas desviaciones referidas en el presente comunicado, ya habían legitimado al usurpador de la Presidencia, de la representación del Estado y de la jefatura de las Fuerzas Armadas: “no está en discusión el liderazgo del Presidente, como ha ocurrido en los procesos electorales recientes, sino el concepto mismo de país, en un debate cuyo desenlace puede destruir numerosas conquistas democráticas y comprometer gravemente hacia el porvenir la libertad y la seguridad de todos los venezolanos, incluidos, por supuesto, aquellos compatriotas que han ofrecido su respaldo y su voto al Presidente de la República.”, y adicionalmente legitiman tanto al templo del fraude permanente y continuado político-electoral, como a la denominada Asamblea Nacional. Afirmaban en esa oportunidad: “En cualquier evento electoral, es necesario que existan los requisitos mínimos para que se obtenga un resultado no sujeto a suspicacias y dignamente aceptable para las minorías disidentes. Cuando los ciudadanos son llamados a pronunciarse en torno al cambio del pacto social, el proceso de consulta ha de estar todavía más alejado de sospechas de manipulación, de ventaja, de abuso o de apresuramiento”.

La traducción del párrafo anterior sería: si se trata de una elección de la autoridad municipal o estatal, pues sería una falta de menor gravedad que el sistema electoral carezca de los atributos señalados, sólo cuando se trate de cosas de mayor importancia, entonces sí es necesario que el mismo sistema electoral se despoje de sus vicios y perversiones. ¿Es esta la moralidad flexible que las academias estiman como aspiración máxima para el Poder Electoral ejercido desde el Consejo Nacional Electoral? De nuevo se aligera el problema de fondo por el de la forma, pero se mantiene la flexibilidad de aligerar también la forma cuando se trate del tema electoral. ¡Vaya elasticidad del principio académico!

Los académicos declaran: “Consideramos por tanto que los Ministerios con competencia en materia educativa están en la obligación de auspiciar una amplia discusión de los contenidos académicos del proyecto…..”, ¿de cuál proyecto señores académicos?, ustedes osan denominar esa farsa legislativa de “proyecto”? ¿De verdad ustedes creen que aunque eso se hiciera como ustedes lo solicitan, se resolvería el problema de la LOE y con ella se iniciaría el proceso de solución de los problemas de la Nación?, ¿es eso lo que ustedes creen? Los académicos legitiman una vez más a los usurpadores del Poder Ejecutivo y esperan la atención a sus recomendaciones porque afirman que no hacerlo “…es contrario a los principios establecidos en nuestra Constitución.”

Como conclusión, los académicos consideran que han satisfecho sus obligaciones legales y morales, y así lo declaran, al hacer públicas “estas justificadas preocupaciones,…”

Debo cumplir también con mis obligaciones legales y morales, señalando a los académicos y a las Academias, como considero que lo he hecho, las contradicciones escandalosas que contiene su muy desafortunado “Comunicado”.

A partir de 1999, al pasar del debate político a la “acción constituyente” del régimen, se han venido produciendo acciones perversas de los poderes públicos respaldadas con el silencio de las academias y universidades, y de los académicos y universitarios, silencio cómplice, vergonzoso y vergonzante, pero que no alcanza el grado superlativo de su “Comunicado”. Dichas acciones han venido progresivamente deslegitimando todos los poderes públicos del Estado, que ustedes en su “Comunicado” pretenden fortalecer, reconociéndolos una vez más.

Señores académicos. A partir de 1999, la violencia criminal en cuarteles, hospitales, universidades e institutos de educación en general, residencias, prisiones, plazas y calles pasó de 2447 asesinatos en 1998 a 14.600 en 2008, y se proyectan más de 19 mil este año. Es decir, más de 140 mil asesinados. La destrucción de las instituciones de la democracia, o del experimento democrático iniciado en 1961 es evidente, como lo es la del aparato industrial, agrícola y pecuario, o la propiedad privada rural y urbana, progresivamente todas las autoridades son ilegales e ilegítimas cuando proclamadas por el Consejo Nacional Electoral, sus decisiones son en consecuencia írritas y nulas, y la Constitución en la que ustedes centran todas las referencias de su “Comunicado”, nos ordenan con absoluta claridad, a ustedes también, desconocer tales autoridades usurpadas y a hacer lo que esté a su alcance para restablecer el Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia.

Señores académicos, las evidencias de la asociación y la promoción del crimen organizado transnacional desde el Estado venezolano, son públicas, notorias y comunicacionales; tales actividades incluirían la asociación con estados considerados forajidos por la comunidad internacional, la industria de la legitimación de capitales, el narcotráfico y la subversión regional e internacional, acciones financiadas mediante el saqueo de los recursos del Estado venezolano, para promover la expansión del crimen organizado en el continente y en el planeta mediante la fachada del denominado “Socialismo del Siglo XXI”, fachada patética-“ideológica” que académicos nacionales e internacionales, beneficiarios siempre de los favores del régimen, han contribuido y contribuyen a establecer y fortalecer.

Señores académicos, las obras de algunos de ustedes en sus respectivas especialidades son el producto de la disciplina y el esfuerzo de décadas. Adicionalmente, algunos han sido y son en lo personal, ciudadanos ejemplares muy estimados en sus comunidades y círculos sociales, nacionales e internacionales; algunos formaron familias que sirven de ejemplo para la promoción de los valores éticos y morales en sus comunidades, pero todos esos laureles ganados con años de sacrificios, en mi criterio, y de acuerdo con las evidencias documentadas durante esta década, no los eximirá de responsabilidad, es decir de la complicidad, por la que ustedes tendrán que defenderse, por su respaldo o indiferencia, por su acción o por su omisión, ante la violación de prácticamente todos los derechos humanos, cuya característica permanente y continuada los transforma en crímenes de lesa patria y de lesa humanidad, y por los crímenes de guerra declarada y real, allí están los cadáveres, en Venezuela y también en otras naciones.

Señores académicos, los antecedentes están todos a la vista. La práctica de la segregación y persecución mediante el apartheid “criollo” están a la vista. Millones de venezolanos que ejercían sus derechos promoviendo referendos con el objeto de restablecer el Estado de Derecho, fueron incorporados a las vergüenzas nacionales de las listas “Tascón” y “Maisanta”, vara con la que se mide quienes tienen derecho a trabajo, contratos, o determina la velocidad o la negativa ante cualquier gestión de los servicios públicos, desde los registros y notarías hasta la relacionada con la identidad y los pasaportes, pasando por la asignación de divisas o los tratamientos fiscales y de aduanas.

Mientras el exilio y la prisión política son moneda de curso legal, los haberes de los despedidos son desconocidos y desaparecen, se bloquean sus activos locales y se desprecian los derechos y la propiedad privada, el sistema judicial promueve la impunidad cuando se documenta sólo alrededor del 8% de los casos de asesinato referidos, con un 5% de indiciados militares y policías, con escándalos de casos de “exterminio” en varios estados.

Al margen del caso de esta “ley”, se vienen aprobando a partir también del 4DIC2005 en una farsa de Asamblea Nacional o en un Poder Ejecutivo “habilitado”, otras leyes en los mismos términos de ilegalidad e ilegitimidad, tanto por el origen de las autoridades que las proponen y promueven, como por la forma y el fondo del instrumento “legal” propiamente dicho, pero esas, por no estar “estatutariamente relacionadas con las Academias”, no requieren de su comentario.

Señores académicos, ustedes no han cumplido ni cumplen con sus deberes legales ni morales. Ustedes, señores académicos son cómplices del régimen totalitario, militarista, ilegal e ilegítimo, que usurpa todos los poderes públicos y es responsable de los crímenes descritos, los cuales no tienen prescripción y su alcance es de jurisdicción planetaria.

Señores académicos, ¿cuánto de la confusión nacional e internacional sobre la verdadera naturaleza del régimen criminal venezolano se debe a su comportamiento personal y a los “Comunicados” de las academias?

Ustedes, señores académicos, deberían responderle al país, a la nación, por su comportamiento. ¿O es que ustedes, señores académicos, están convencidos de que en Venezuela seguirá imperando la impunidad y seguirá premiándose la indignidad? Ésta parece sería la verdadera conclusión del “Comunicado”.

Es oportuno recordar el “PARECER DEL DR. JESÚS LEOPOLDO SÁNCHEZ, Miembro Numerario de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, presentado en enero de 1974 , acerca de la condición legal y situación de hecho en las Academias Nacionales, en general, y de la mencionada en particular”. Concluye: “Primera: Las Academias nacionales venezolanas de ciencia o de letras y las artísticas que en el futuro pudieran crearse, son Corporaciones oficiales de Derecho Público y no institutos autónomos ni empresas del Estado. Tal es la condición legal de las que existen y tal es la que toda Academia tiene y debe tener en cualquier parte del mundo. Segunda: Es todo un haz de corruptelas el curioso, violento y depresivo “sistema” de relaciones de hecho que existe entre el Ministerio de Educación, de una parte, y dichas Corporaciones nacionales, de la otra, quedando por saberse – además- cómo anda, entre tantísimo quebranto, otra Ley nacional, la del Instituto Nacional de Cultura y Bellas Artes (INCIBA) que, por lo visto, se halla asimismo burlada. Tercera: Esta situación real y efectiva de dichas Corporaciones y de sus autoridades es algo muy opuesto al decoro patrio, reñido con el buen nombre del gentilicio nacional y nos exhibe mal ante el público culto extranjero que llegare a conocer semejante estado de cosas.
¡Ojalá que el Gobierno actual, cuyo primer magistrado es un prestigioso jurista y catedrático de dimensión continental, quiera poner altura y luz en el Palacio de las Academias!”

¿Habrá puesto algún gobierno nacional, a partir de 1974 “altura y luz en el Palacio de las Academias”? Sin duda que el régimen establecido a partir de 1999, que usurpa todos los poderes públicos, les cortó el suministro eléctrico y las envió a los sótanos.

15 DE AGOSTO DEL 2009