jueves, 11 de febrero de 2010
EDGAR JAIMES - COLAPSO ELÉCTRICO POR DECRETO
El lunes 08-02-2010, entre gallos y media noche, Hugo Chávez (HC) decretó la emergencia eléctrica nacional, en razón del rápido descenso en el nivel de aguas de la represa del Guri con una cota actual de 256 metros que pudiera ser de 245 a principios de mayo, lo cual obligaría a un racionamiento muy severo (24 horas) si a partir de entonces no se llega a recuperar y estabilizar un nivel adecuado por encima de estas cotas. En fin: el gobierno reconoció que el colapso del sistema eléctrico nacional es inminente.
En dicho decreto se delineó un plan de reducción de uso para los "altos consumidores residenciales", comercios e industria, estableciendo severas sanciones para quienes incumplan con el 20% de los recortes, y que estén por encima de un consumo promedio-mes de 500 Kilovatios (KW), con recargos entre el 75% y el 200% en la facturación mensual, llegando incluso hasta cortes del servicio de 24 y 48 horas o la suspensión del servicio de electricidad por tiempo indefinido. Estas sanciones merecen un comentario aparte y más detallado.
Chávez insiste en culpar a otros factores de esta debacle nacional, sin observar que la responsabilidad reside en la abyecta ineptitud de su gobierno de once años incapaz de mantener en óptimas condiciones la prestación de un servicio público prioritario para el funcionamiento del país. Ciertamente, se quiere hacer ver, de manera falaz e irresponsable, que la causa principal de este inminente colapso eléctrico está relacionada, por una parte, al fenómeno del “Niño” y, por la otra, a la desinversión en el sector eléctrico por los gobiernos “adeco-copeyanos” entre 1959 y1998.
Con respecto al “fenómeno del niño” como factor meteorológico que intensifica los periodos de sequía en Venezuela, es pertinente recordar que en su ciclo anterior (2002-2003) el “Niño” fue tan intenso como el actual, llegando en aquella ocasión a ocasionar un descenso del nivel de aguas de la represa del Guri hasta la cota 245 metros y sin embargo no hubo racionamientos ni fue necesario decretar la emergencia eléctrica.
La responsabilidad que pudieron tener los gobiernos de la cuarta república, también es una media verdad porque de la capacidad total instalada del sistema eléctrico nacional, que es de 23.650 Megavatios (MW), el 90% fue construida y puesta en marcha entre 1950 y 1980 por técnicos venezolanos con la asesoría de expertos alemanes y franceses.
En realidad el sistema eléctrico nacional está en emergencia desde el año 2001 cuando los expertos en esta materia alertaron al gobierno sobre un posible colapso eléctrico entre el 2009 y el 2011 de no realizarse un plan de inversiones en un plazo de 5 a 10 años, cuyo costo estimado era de 20.000 millones de dólares con lo cual se garantizaría la generación de más de 20.000 MW. Como estas recomendaciones no fueron atendidas, para finales del año 2009 se manifestó una deficiencia de 1.740 MW porque la demanda fue de 17.340 MW, superior a la oferta de electricidad que fue de 15.600 MW, según estimaciones de la Sociedad Venezolana de Ingeniería Eléctrica.
En lugar de reprimir a la gente el gobierno lo que debería hacer con urgencia es designar un gabinete de crisis que esté integrado por expertos venezolanos de reconocida trayectoria y solvencia profesional pertenecientes a las universidades nacionales (ULA, UCV, LUZ, USB, UNEXPO) y a instituciones como EDELCA, ENELVEN y el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Dentro de ese equipo técnico-asesor deberían estar los Ingenieros José Aller, Víctor Poleo, Guillermo Ovalles y Miguel Lara, entre otros. Ya es tiempo de que este gobierno asuma la responsabilidad que le corresponde no solo en materia de electricidad sino también en agua potable, seguridad social, agroalimentaria, laboral, salud, infraestructura, entre otros servicios básicos.
Le sugiero HC que, ante la inminencia de un colapso eléctrico nacional, anuncie los pormenores del decreto de emergencia eléctrica nacional, explicando el por qué del mismo, cómo se aplicará y quiénes serán los responsables del seguimiento y control del mismo, así como el tiempo durante el cual estará vigente.
Edgar Jaimes (*)
(*) Profesor Titular Jubilado del NURR-ULA, Trujillo.
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