Casi desde su creación hasta hoy las universidades públicas venezolanas han sido objeto de asedio por parte de los gobiernos de turno con el objetivo de controlar y/o reprimir el pensamiento crítico anidado en ellas. Tres amenazas se ciernen hoy contra la institución universitaria:
1) La violencia desatada por grupos neo-fascistas que actúan con toda impunidad o con la indiferencia de los cuerpos de seguridad pública. El propósito no es otro que el de provocar la intervención de las universidades en caso de ocurrir respuestas de legítima defensa por parte de los universitarios, que en varias ocasiones han sido atacados con armas de guerra por estos grupos violentos, plenamente identificados por el gobierno.
2) El cerco económico-financiero que desde hace cinco años ha tendido el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria en perjuicio de las universidades autónomas, impidiendo que éstas desarrollen actividades de enseñanza, aplicación, extensión, producción y reproducción de conocimientos científicos, tecnológicos, humanísticos y artísticos en forma ordinaria.
3) La aptitud prepotente y ofensiva que muchos funcionarios oficialistas (gobernadores, alcaldes y diputados, entre otros) tienen en contra de las universidades; no obstante ser, en su mayoría, egresados de ellas o pertenecer a su planta profesoral e investigativa en condición de personal activo o jubilado.
A las tres amenazas anteriores es pertinente señalar, a manera de autocrítica, que al interior de nuestras universidades se han puesto en evidencia debilidades puntuales asociadas con la poca dedicación al trabajo docente, investigativo y de extensión del conocimiento, unido a la reproducción de prácticas contrarias al código ético-deontológico que rige la labor administrativa, docente y creativa por parte de algunos miembros de la comunidad universitaria, las cuales afectan su desarrollo y consolidación institucional. Dado lo complejo de esta problemática, dejaré su análisis para otra ocasión.
Teniendo como referencia lo antes planteado, hago un exhorto a los funcionarios que dirigen la política universitaria de Venezuela, en particular al ciudadano Presidente de la República, Hugo Chávez, en el sentido de que no vean a las universidades autónomas como “Quintas Columnas” o “Instituciones Enemigas del Gobierno”, toda vez que ellas han sido la fuente de saberes que han permitido resolver muchos problemas, sobre todo en las últimas cinco décadas, en materia de educación, salud y saneamiento ambiental; diseño y puesta en marcha de sistemas y procesos tecnológicos aplicados en la industria, la agroindustria, la seguridad y soberanía agroalimentaria, el agroturismo, la conservación y recuperación de ecosistemas y agro-ecosistemas; formación de profesionales de alto nivel académico en todos los campos del saber humano; mejoramiento de los servicios públicos; construcción de infraestructuras de apoyo para el desarrollo urbano y rural; en fin para contribuir en la producción de la riqueza social requerida por los venezolanos y, en última instancia, para el desarrollo humano sustentable de Venezuela.
Lo que debe preocupar a los actuales gobernantes de Venezuela es que los egresados de nuestras universidades tengan el mejor conocimiento y la adecuada experticia para lograr que la calidad de vida de los venezolanos aumente sostenidamente. De allí la necesidad de que el gobierno no solo otorgue un presupuesto justo a las universidades sino que honre las deudas que tiene con ellas y con sus comunidades desde hace más de diez años.
Solo así es posible lograr que nuestras universidades continúen siendo los centros en los que se imparte, divulga y pone en práctica saberes universales; donde interactúan colectivos e individualidades con pensamiento crítico y plural, orientados por una visión de progreso estimulada por experiencias exitosas que han rendido un amplio espectro de beneficios sociales, económicos, ecológicos, ambientales y culturales desde hace más de cincuenta años.
Un gobierno verdaderamente comprometido con el bienestar de las comunidades está en el supremo deber de fortalecer y potenciar esa eficacia y eficiencia institucional y no diezmarla porque perjudica a la sociedad como un todo. Es hora de que el gobierno reconozca y valore, en su justa dimensión, el papel que han cumplido la docencia y las investigaciones científicas, tecnológicas, humanísticas y del arte desarrolladas desde las universidades en beneficio del pueblo venezolano.
Edgar Jaimes
Profesor Titular Jubilado del NURR-ULA, Trujillo.
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