LOS DESEQUILIBRIOS MICROECONÓMICOS
Y LOS PRECIOS “JUSTOS”
Humberto García Larralde
La gente está acostumbrada a que los
economistas analicen los impactos de los desequilibrios macroeconómicos sobre
la inflación y los balances externos del país. En el caso de la Venezuela
actual, un gasto público desbordado ha generado un déficit cercano al 20% del
PIB en los últimos años que, junto a la “maquinita” del BCV, ha arrojado a la
circulación una masa enorme de dinero sin respaldo. Ésta presiona sobre una
oferta restringida de bienes y servicios, y un mercado de divisas limitado,
para empujar sus precios al alza. Este desequilibrio entre oferta y demanda se
agrava por la destrucción del aparato productivo doméstico en razón de las
políticas de control de precios, regulaciones, penalizaciones y expropiaciones
que ha instrumentado el régimen bolivariano, y ahora también por la disminución
de las capacidades de importación a consecuencia de la caída en los precios
internacionales del petróleo.
Lo que no suele airearse con igual
frecuencia son las distorsiones que estos desequilibrios causan a nivel microeconómico,
es decir, entre los agentes económicos individuales: usted y yo
como consumidor, trabajador y/o empresario. Es obvio que la inflación hincha la
estructura de costos de la producción y comercialización de bienes y servicios,
y que el incremento en el precio del dólar surte el mismo efecto en todo lo que
se importe o tenga un componente importado. Para que una empresa no quiebre,
debe subir los precios de lo que vende para recuperar este incremento en sus
costos. Y, a menos que las remuneraciones aumenten en igual proporción, los
trabajadores y empleados se empobrecerán.
Pero si estos incrementos salariales no
se basan en mejoras en la productividad, lo que ocurrirá es un impulso mayor a
la inflación, dejando atrás, fatalmente, a las remuneraciones. Se presenta un
severo y cruel desequilibrio microeconómico entre el costo
creciente de los bienes y servicios que requiere una familia para vivir
dignamente y los magros ingresos que ésta percibe.
¿Cómo ha respondido el gobierno
“revolucionario” ante esta tragedia? Agravándola con el desabastecimiento. En
vez de atacar las causas de la inflación –los desequilibrios macroeconómicos-
le coloca una camisa de fuerza a los agentes individuales para que no puedan
responder ante el problema. Como su política de acoso al sector privado merma
la productividad, los salarios reales no aumentan sino que disminuyen, salvo
para quienes ocupan altos cargos en el Estado. Para compensar por este
deterioro, el Ejecutivo les impone a productores y comerciantes precios que no
guardan relación con sus costos, para hacer que los bienes y servicios que
venden sean “accesibles” al pueblo.
Asimismo, los obliga a una serie de
regulaciones y controles sobre el manejo de inventarios, “guías” de transporte
y las relaciones laborales, que encarecen aun más sus actividades. El
consecuente cierre de negocios, caída de la inversión y merma en la oferta
interna de estos bienes y servicios pretende sustituirse, entonces, por su
importación pública, sin pagar impuestos y aprovechándose de un dólar
baratísimo pero escaso, sólo a disposición del oficialismo, para resguardar el
consumo de la población. Pero el despilfarro de los petrodólares y la caída en
los precios del crudo impiden suplir por esta vía las insuficiencias de oferta.
De manera que, al lado de la reducción del empleo productivo y las presiones
para mantener bajos los salarios para compensar los costos impuestos y poder
competir con importaciones abaratadas, se une el desabastecimiento.
Pero esta dinámica perversa la conocen
bien los venezolanos. Los bienes y servicios baratos, accesibles al pueblo por
obra y gracia de la “revolución” no lo son tanto cuando hay que aguantar horas
de cola a las puertas de los mercados, frecuentemente para encontrar que lo que
uno busca no está. O, también cuando la única forma de conseguir estos bienes
es pagando un sobreprecio –que puede ser significativo- a revendedores. Se
acentúan los desequilibrios microeconómicos porque los
salarios, ante el deterioro de la capacidad productiva doméstica y la
inflación, no alcanzan para vivir –a veces literalmente, cuando lo que no se
consigue son medicamentos indispensables o que permitan ser operado en
hospitales y clínicas. Más aún, los controles y las regulaciones interponen
obstáculos –verdaderas vallas- a la interacción fluida entre oferta y demanda,
que muchas veces son sólo superables con la garrocha de la corrupción.
Porque el resultado principal de esta
política supuestamente justiciera del gobierno “revolucionario” es una economía
que sólo funciona lubricada con corrupción. La brecha entre precios regulados y
efectivos es un filón sumamente atractivo para el arbitraje –el “bachaqueo”- de
todo aquel con “padrinos” o las conexiones adecuadas. Pero la tajada del león
corresponde a quienes tienen acceso a los dólares a 6,30 bolívares y a quienes
“custodian” las fronteras. Los incentivos para el llamado “contrabando de
extracción” son altísimos cuando el rédito se contabiliza a ratios de bolívar /
dólar “innombrables”; y la tentación para dejarse “mojar la mano” para
mordisquear en este negocio es, para muchos funcionarios, irresistible.
¡Imagínense las posibilidades que se
presentan con la gasolina que prácticamente se regala en nuestro país!
Finalmente, esta la veta que representan las oportunidades múltiples de
extorsión por parte de quienes fiscalizan el cumplimiento de los precios
“justos” y de los controles y disposiciones cada vez más draconianas que impone
el Estado. Y aquí no hemos mencionado los proventos del narcotráfico, tan
“mediático” en estos momentos, ni la lavandería de dineros ilícitos que se
disfraza detrás de negociaciones de PdVSA.
¿Por qué un gobierno que dice “defender
al pueblo” no corrige tan nefasta política? ¿Por qué no enfrenta los
desequilibrios macroeconómicos y fomenta la iniciativa privada
indispensable para poder mejorar la productividad y, con ello, cerrar la brecha microeconómica?
Obviamente, porque las políticas de control representan un negoción que ha
prohijado intereses poderosísimos que no van a despedirse, de buenas a
primeras, de semejante festín. Los “revolucionarios” en el poder todavía creen
que pueden excusarse echándole la culpa de sus desmanes a la “burguesía” y al
“imperio”. De ahí la idiotez de continuar insistiendo en una “guerra económica”
como camuflaje.
Ello se acompaña de todo un arsenal
ideológico en el cual categorías mitificadas escamotean la realidad de un
régimen de expoliación usufructuado por una oligarquía milico-civil. A los
“capitalistas chupasangre” que oprimen a un pueblo trabajador, noble e
indefenso, se une ahora la cruzada por unos “precios justos” -que sólo podrá
definir el propio Maduro (¡!)-, como parte de la puesta en escena de esta lucha
moralista entre el bien y el mal. Esta acción redentora de los “precios justos”
acaba de hacer el milagro de desaparecer los huevos, como antes hizo con la
leche, el jabón de baño y el papel tualé.
Este régimen de expoliación ha
engendrado un sistema de complicidades que ha permeado todos los poderes
públicos. El bálsamo ideológico con que se encubre busca aliviar toda
conciencia de culpa. Que muchos favorecidos del régimen depredador crean
efectivamente en estas monsergas fascio-comunistoides y se autoproclamen
“revolucionarios”, de “izquierda” y protectores del “pueblo” ante una “derecha
que busca restablecer sus escandalosos privilegios”, solo refleja el desespero
por un cobijo moralista que los ampare de tener que enfrentar la cruda realidad
de miserias que han creado. Pues que sepan estos “revolucionarios” que ese
pueblo que alegan defender ya está harto y comenzará a desmontar este sistema
de complicidades con la sólida mayoría que obtendrá en las elecciones
parlamentarias del 6-D. ¡Que no se quede nadie sin votar por el cambio!
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Humberto García
Larralde
economista, profesor
de la UCV
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