LAS MISIONES COMO INSTRUMENTO DE CONTROL SOCIAL.
EL CASO DE LA GRAN MISIÓN VIVIENDA VENEZUELA
Humberto García Larralde
Nadie puede negar que las misiones han contribuido a
resolver problemas de la población necesitada. Lo que es discutible es su
eficacia y eficiencia para atacar esos problemas. Por ejemplo, ¿No hubiera sido
mejor que Barrio Adentro se hubiese integrado con la red de ambulatorios y
hospitales del estado para fortalecer un gran sistema de salud pública, y que
hubiese atendido la solicitud de las facultades de medicina de las
universidades nacionales y del gremio médico venezolano de incorporarse a ese
proyecto?
En el caso de Mercal, en vez de depender de la importación masiva de
alimentos, ¿No hubiese sido más propicio acuerdos de suministro con
asociaciones productoras del campo a cambio de asistencia técnica y
financiamiento, para garantizar de manera sostenible la oferta de estos bienes
de proveedores locales?
Y con la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV),
atender observaciones como las del ex decano de la Facultad de Arquitectura de
la UCV, Alfredo Cilento, sobre la necesidad de concebir la solución al problema
de la vivienda de manera integral, considerando los servicios requeridos:
escuelas, dispensarios, comercios locales, transporte, etc., ¿No hubiese
redundado en una mejor calidad de vida para sus moradores?
Pero sobre todo, es criticable la precariedad
institucional y financiera con que fueron implantadas la mayoría de las
misiones, sin previsión de fuentes estables de ingresos ni de mecanismos de
rendición de cuentas, evaluación y control por parte de la Asamblea Nacional.
No ignoro que la forma como se instrumentaron obedeció
al interés de Chávez de cosechar réditos personales como proveedor magnánimo de
bienes y servicios, cuando más bien se trata de una obligación de Estado. De
ahí la renuencia a compartir méritos con instituciones o personalidades aunque
ello hubiese podido mejorar su desempeño. Pero la cosa va más allá.
La insólita ofensiva de Maduro contra la aprobación en
primera discusión por la Asamblea Nacional del proyecto de Ley de Propiedad a
los adjudicatarios de viviendas de la GMVV, pidiendo a sus partidarios
movilizarse en repudio, representa una de las mayores torpezas del desangelado
mandatario. ¿Cómo oponerse a lo que todo residente anhela, que es tener el
título de propiedad del inmueble que habita?
El oficialismo habla de un millón de viviendas
construidas desde que se lanzó esta Gran Misión. Como en todo lo que anuncia no
hay forma de verificar tal aseveración. Aun cuando la cifra es seguramente
menor[1], se trata de centenares de miles de venezolanos que Maduro enajena
para lanzarlos a los brazos de las fuerzas democráticas. ¿La razón de tal
suicidio político?
Está claro que la GMVV no sólo ha representado un
instrumento para el proselitismo político, también lo ha sido para el control
social. Ya lo puso en claro Maduro cuando, resollando por la herida de la
derrota del 6-D, confió que estaba considerando no construir más viviendas pues
“ustedes –refiriéndose al pueblo- no me ayudaron”.
Ante el proyecto de Ley de Propiedad repitió esta
malcriadez. Como en todo régimen patrimonialista, cree que es suya la propiedad
de los bienes públicos. Igual al gordito que se lleva su pelota y bate,
acabando con el juego de pelota porque lo poncharon, Maduro, “ponchado” por una
Asamblea que decidió beneficiar a estos venezolanos, empezó a vociferar
incoherencias contra una supuesta “privatización” (¿?) de la GMVV, contra el
individualismo y el capitalismo, para amenazar que “jamás” permitirá que se
materialice dicha ley.
Provocó también pena ajena ver al profesor de la
Facultad de Arquitectura de la UCV, Ricardo Molina, renegar de su formación
para secundar semejantes sandeces desde su curul de diputado PSUVista en la
sesión de la Asamblea Nacional ese día. Las amenazas –no sé si materializadas-
de retirar los taxis entregados y desalojar a quienes les fueron adjudicado
viviendas, en represalia porque supuestamente celebraron el triunfo de la
oposición el 6-D, no dejan lugar a dudas del uso de estas misiones para
chantajear a quienes resultan favorecidos, obligándolos a plegarse a los
dicterios de la “revolución”, so pena de ser privados de tales bienes.
Otorgar el título de propiedad a un adjudicatario de
la GMVV -hasta ese momento inquilino- le da la seguridad de que no será
desalojado arbitrariamente en atención a intereses político-partidistas, de que
le asiste un derecho que lo ampara a él/ella y su familia. Una vivienda de su
propiedad puede legarse a los hijos o, luego de algunos años, ser vendida para
mudarse a una mejor. Finalmente, representa un activo contra el cual pedir
financiamiento –por la garantía hipotecaria- para emprender un negocio familiar
y/o reparar, dotar o ampliar la propia vivienda, es decir, convierte esta
propiedad en capital. La Ley de Propiedad empodera al individuo para proseguir
sus propios sueños.
Pero ningún poder fascista puede tolerar el libre
albedrío individual, porque escapa de su control. Necesita sustraer a los
venezolanos de su condición ciudadana para convertirlos en masa informe, cuya
única referencia de sí misma emana de los dictámenes del líder supremo. Ello es
propio de un Estado Corporativo, que subsume a organizaciones sociales, otrora
autónomas, en órganos suyos por ser representante de un todo, perdiendo su
razón de ser como expresión de la voluntad popular. “Dentro del Estado todo,
fuera del Estado, nada”, como sentenciara Benito Mussolini.
Son las comunas, los consejos comunales y otras
instancias de un supuesto “Poder Popular” que dependen en Venezuela, no de la
comunidad, sino del poder central. La GMVV se inserta en ese andamiaje de
control y sujeción. El proyecto de Ley de Propiedad rompe con esta sujeción,
por lo que amenaza al control fascista. Por ende, tiene que ser enfrentado, no
obstante el costo político implicado.
Además, los procedimientos de registro y ejecución de
la Ley de Propiedad de la GMVV permitirán saber cuál ha sido realmente el
número de viviendas construidas, poniendo de manifiesto las mentiras del
gobierno al respecto. Similares consideraciones son pertinentes para casi todas
las demás misiones.
Ahora bien, todo régimen patrimonialista que vive
-como el venezolano- de expoliar la riqueza social como si fuera propia, le
interesa reducir su vulnerabilidad política. La oligarquía enseñoreada en el
poder espera que quien funja de Presidente asegure la legitimación política
necesaria para asegurar la continuidad de sus “negocios”. Para ello es la
retórica “revolucionaria”, el control hegemónico de los medios y las mentiras
bien llevadas. Chávez fue un maestro en tales menesteres.
La torpeza de Maduro en oponerse a lo que a todas
luces representa un beneficio a los moradores de la GMVV debe ser objeto de
gran preocupación para esta oligarquía. Su ineptitud achica aún más su base de
apoyo, por lo que la búsqueda de otro operador político más hábil pasa a ser un
imperativo. En la medida en que sienta sus privilegios en peligro, las mafias
atrincheradas en los intersticios del sistema de control “revolucionario”
estarán más que dispuestas a negociar su renuncia.
La verdad es que deberíamos agradecer lo que está
haciendo Nicolás Maduro para precipitar su salida del poder.
Humberto García Larralde
economista, profesor de la UCV
humgarl@gmail.com
[1] ¿Cómo se explica el alegato del Ejecutivo de haber
construido unas 340.000 viviendas el año pasado, bastante más que en años
anteriores, cuando las cifras del BCV hasta septiembre de ese año revelan una
caída del PIB del sector producción de un 5,2% con respecto a igual período del
año anterior, aun con la millonada que se gastó en la construcción del 2° piso
de la autopista de El Valle en Caracas?
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