LA TRAMPA DEL DECRETO DE EMERGENCIA ECONÓMICA
Humberto García Larralde
El presidente Maduro ha dado una vuelta
más de tornillo a su guerra contra la economía presentándole a la Asamblea
Nacional un decreto de Emergencia Económica, argumentando lo dispuesto en los
artículos 337 y 338 de nuestra Carta Magna. Se solicita: 1) disponer a
discreción de los recursos presupuestarios del 2015 (saldo caja) y del 2016
para gasto social; 2) la eventual requisición del sector privado, de “…los
medios de transporte, canales de distribución, centros de acopio,
beneficiadoras, y demás establecimientos, bienes inmuebles y demás mercancías
que resulten necesarios para garantizar el abastecimiento oportuno de alimentos
a los venezolanos, así como otros bienes de primera necesidad”; y 3) la
agilización de procedimientos administrativos referidos a contrataciones
públicas, trámites cambiarios, y para importar y trasladar mercancías.
Adicionalmente, insta a las empresas
públicas y privadas a aumentar sus niveles de producción y abastecimiento, y
anuncia posibles medidas, en coordinación con el BCV, para restringir los
flujos monetarios y las transacciones, tanto de moneda nacional como de
divisas. El decreto es salpicado además con alusiones al fortalecimiento de las
misiones socialistas y a la participación de órganos comunales y de sectores
sociales en su instrumentación. Finalmente, en el artículo 4° deja abierta la
posibilidad de instrumentar medidas adicionales a conveniencia del Presidente.
En resumen, lo que se propone es un
mayor control discrecional sobre recursos presupuestarios y activos del sector
privado, incumplir algunos requisitos establecidos en trámites relacionados con
la participación del Estado en la economía, y el combate a la inflación a
través de la implantación de un “corralito” a la moneda nacional. ¡Un gobierno
que ha pasado a la historia como el más incompetente de todos, se afianza en el
voluntarismo para manifestar que la emergencia se supera a punta de medidas
administrativas, siempre que se le dote de recursos para su libre disposición!
Como reseña la prensa, más de lo mismo, pero ahora amparado en un instrumento
legal que sirve de patente de corso para aplicar controles y en cuanto al
usufructo discrecional de bienes y recursos financieros. Aunque el decreto no
se refiere a ella explícitamente, su presentación a la Asamblea Nacional se
realiza en el marco de un discurso –la presentación de la Memoria y Cuenta de
Maduro- que resaltaba a la “guerra económica” como causante de los descalabros
a superar. Es decir, no hay la mínima disposición a rectificar la desastrosa
conducción de los asuntos económicos.
Y uno se pregunta si la presentación de
este decreto a la consideración del organismo legislativo nacional no será una
especie de trampa de un Maduro desesperado para achacarle la culpa a las
fuerzas democráticas de las penurias que agobian a los venezolanos. Porque
nadie que tenga en mente el bienestar de la población podría aprobar, en su
sano juicio, semejante insensatez.
Una lectura diferente podría señalar,
empero, lo positivo que el Presidente de la República esté pidiendo, por
primera vez, apoyo para salir de un atolladero que está acabando con su gestión
y de la cual no tiene idea cómo superar. En este caso la trampa la representa
la incapacidad de Maduro de romper con el cepo impuesto a sí mismo de no
desviarse del legado del “comandante eterno” y de rendirle pleitesía al
discurso comunistoide para conservar la poca legitimidad que tiene entre los
suyos. No tiene idea de por qué se engendró la crisis, ni mucho menos cómo
salir de ella.
Lo anterior se refleja en el diagnóstico
del que parte el decreto cuando señala, en su artículo primero, que su
propósito es “…atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria
y coyuntural por la cual atraviesa la economía venezolana…” ¿Qué tiene de
“coyuntural” una crisis engendrada por la implantación deliberada de un
proyecto que pretende pasarle por encima a las leyes que rigen el
comportamiento económico? ¿Cómo no entender que el esquema de controles y de
regulaciones, de financiamiento monetario de los déficits de la gestión
pública, de la ausencia de rendición de cuentas y de la discrecionalidad en el
usufructo de los recursos del Estado, del negocio de reventa de bienes
regulados, dólares obtenidos a tasas preferenciales y –sobre todo- gasolina (en
otros países), representan una verdadera mina para hacer fortunas de la noche a
la mañana, la fuente primal de la corrupción y de la degradación moral que está
carcomiendo al país?
¿Cómo pedirle al sector productivo que
incremente sus niveles de producción, como pretender “…estimular la
inversión extranjera en beneficio y desarrollo del aparato productivo nacional,
así como las exportaciones de rubros no tradicionales como mecanismos para la
renovación de nuevas fuentes de empleo, divisas e ingresos”, cuando el
verdadero negocio está en la extorsión, las empresas de maletín, el tráfico de
estupefacientes, el lavado de divisas mal habidas, el arbitraje entre el precio
oficial de la divisa y su cotización en el mercado paralelo, y el “bachaqueo”
especulativo, todo ello resultado de la impunidad, la destrucción del Estado de
Derecho, la ausencia de controlaría a la gestión pública y la toma discrecional
de decisiones centradas en la Presidencia? ¿No estará aquí la razón del
Decreto?
Y ello pauta el desafío de la oposición
democrática para no caer en la trampa representada por el Decreto de Emergencia
Económica. Insistir en que si no se levantan los controles, se endereza el
gasto público, se elimina el financiamiento “inorgánico” del BCV al gobierno,
se unifica el tipo de cambio y se negocia inteligentemente la consecución de
financiamiento internacional para romper la asfixia del sector externo, no hay
manera de superar el “Estado de Emergencia”.
Y ello no requiere de ningún estado de
excepción sino voluntad política y un equipo capaz y coherente, menos cuando
ello significa poner en manos de un individuo tan torpe y de mente enfermiza
como Nicolás Maduro la suerte económica del país -sin las garantías
constitucionales del caso-, durante 60 días, prorrogables dos meses más. La
naturaleza estructural –¡no “coyuntural”!- del desastre ungido por la
aplicación de un proyecto retrógrado, rígido, despilfarrador y destructivo,
requiere de un ajuste omnicomprensivo y profundo que este gobierno no es capaz
de realizar.
El desafío de las fuerzas democráticas
en la Asamblea Nacional es, al respecto, de naturaleza educativa,
comunicacional, de saber explicar las verdaderas razones del descalabro
económico que está acabando con los medios de vida del venezolano, como razón
para negar el decreto. Y quien quita que ello no abra espacios para que
factores ligados al gobierno rompan la trampa en que ellos adrede se han metido
por su incapacidad de pensar con cabeza propia. La transición hacia un
gobierno distinto, que rescate un futuro mejor para los venezolanos, pasa por
ahí.
Humberto García Larralde
economista, profesor de la UCV
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