Dos hechos ocurridos en los últimos días ratifican que se ha materializado un golpe de estado contra la Constitución Nacional, contra el estado de derecho y contra todos los ciudadanos de éste, nuestro país. No nos llamemos a engaño.
Empecemos por la decisión tomada por La Sala Constitucional del TSJ de declarar la Constitucionalidad del Artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la cual mantiene las inhabilitaciones de algunos candidatos a alcaldes y gobernadores para participar en el próximos comicios el 28 de noviembre.
Hay varios hechos que conviene destacar:
1.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia del magistrado Arcadio Delgado Rosales, declaró sin lugar el recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad interpuesto por la ciudadana Ziomara del Socorro Lucena Guédez, contra el artículo 105 de la Ley Orgànica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Aprovechando, por mampuesto, para que en el mismo acto declarara la constitucionalidad del mencionado artículo, que faculta a la Contraloría General de la República para declarar la responsabilidad administrativa de aquellos funcionarios públicos incursos en ilícitos administrativos en perjuicio de la cosa pública, así como para la imposición de multas de contenido económico y la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, cuando la gravedad de la falta así lo amerite, , sin considerar para nada la ponencia que le había encargado al magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz sobre este caso, que a propósito se inhibió, como es costumbre expresarse en los desaguisados.
2.- Con esta acción “magistral” el TSJ mata varios pájaros con un solo tiro. Resuelve la preocupación del presidente Chávez de al menos dejar abierta una posibilidad de pérdida de cotos de poder. Incrementa la frustración y enojo de los adversarios políticos. Le otorga poder discrecional e ilimitado al Contralor General para usarlo como arma contra los funcionarios incómodos, y de bloqueo de las funciones de los candidatos opositores que resultaren electos, así como también. a los potenciales candidatos presidenciales y parlamentarios que estuviesen en funciones públicas, y blinda a los seguidores del gobierno de actuar a sus anchas sin temor a sufrir estas calamidades.
3.- Con tal acción ha quedado el TSJ al desnudo. No debe quedar duda que este poder público, garante de la constitucionalidad de las leyes y decretos, está secuestrado por el poder del presidente Chávez, y continuará haciendo todo lo posible por que su actuación de favoritismo se mantenga. Queda cuestionada la actuación moral y ética de la mayoría de sus magistrados.
4.- A este poder recurrirán los ciudadanos que sientan que sus derechos están siendo vulnerados, solo para dejar constancia de que están agotando todos los recursos existentes en el país, como lo exigen las instancias judiciales y de derechos humanos internacionales, y poder recurrir a éstas para denunciar el atropello de que están siendo objeto y reclamar sanciones.
El otro hecho que ha convulsionado al país es el anuncio del presidente de haber promulgado veintiséis Decretos con rango de ley, en momentos en que se estaba venciendo el lapso otorgado mediante la Ley Habilitante, y la manera vulgar, descarada, desconsiderada y abusiva con que lo hizo, con la complicidad de los poderes públicos para cubrirle la incompetencia tanto de él como la de sus asesores legales y políticos de darle al menos un viso de legalidad al hecho.
Complicidad que se revela , entre otras, por la celeridad en que la magistrada presidente del TSJ, se reserva para sí la declaratoria de leyes orgánicas a tres de ellas que le fueron enviadas tan solo el 28 de julio y analizadas y decididas por la Sala Constitucional el día 31 de julio, cuando estaban ya apareciendo en las gacetas extraordinarias de ese mismo día. Ojala tal celeridad la tuviera cuando los casos fueran de los humildes venezolanos. No se por que, pero no quisiera pensar que las solicitudes al TSJ fueron acompañada de los correspondientes análisis y “ponencias” hechas por algún avezado constitucionalista que asesoran al gobierno. ¡Que Dios me perdone por tan mal pensamiento!.
Adicionalmente, los voceros de la Asamblea Nacional, juraron que todos los decretos aprobados por el presidente habían sido analizados exhaustivamente por la Asamblea en su oportunidad. Situación desmentida por algunos de los voceros disidentes de esa Asamblea. Por su parte la Procuradora, en acción que creo le compromete por la duda que siembra, afirma que tales decretos que fueron considerados orgánicos, fueron enviados oportunamente al TSJ. Es decir, con anterioridad a su promulgación y que posteriormente fueron publicadas. Por su parte, los representantes de las diferentes asociaciones afectadas, aseguran que nunca han sido informadas o consultadas, como lo manda la Constitución Nacional
Por su parte, el presidente empecinado en desconocer la decisión del pueblo de no avalar su comunismo, disfrazado de Socialismo del Siglo XXI, que ha querido imponer a trocha y mocha, ha dejado colar evidencias en esos decretos de su desacato de la voluntad popular. Oprtunamente las conocerá el pueblo cuando sean analizadas y difundidas por los afectados.
Tan convencido está de sus “gazapos” que ha retado a quienes tengan objeción que recurran al TSJ a solicitar pronunciamiento. Tal sugerencia me recuerda al “juego de la candelita”, con la que solíamos jugar en la infancia para divertirnos de los engaños.
Perdone presidente, seguimos siendo ingenuos y actuando como tales. Pero no abuse. La paciencia y nuestro comportamiento democrático apegado a la Constitución tiene sus límites, cuando los poderes, con descaro y sin vergüenza alguna, doblan la cerviz ante el tirano y actúan de espaldas a ese pueblo que los eligió.
¿Cuál ha sido la reacción de los partidos políticos mal llamados de la “oposición”?.
Ninguna, están apegados a su agenda política. Unos celebrando la medida del TSJ que les abrió posibilidades a sus candidaturas. Buscando pactos, sacando cuentas sobre que ceder a cambio de que. Otros como en el pasado reciente haciéndole el juego al gobierno.
Por su parte el CNE sigue montando su comparsa. No en balde ha ganado experiencia en los anteriores procesos. Amañando la escogencia de los miembros de mesas, preparando los protocolos de las máquinas. Cogiendo seña del “umpire mayor”, no sea que el bateador los deje en el campo de juego.
El resto, la oposición libre, sin compromisos partidistas o grupales, pasando su “arrechera” y buscando una salida democrática y pronta a la situación.
A ésta salida me quiero referir, con la siguiente proposición:
Permitámoslo al presidente Chávez que se cumpla su deseo de hacerse con todos los cargos de libre remoción, como ya lo hicimos con la Asamblea Nacional.
Dejémoslos que gobiernen solos sin oposición alguna. De ésta manera, todo el desastre que está ocurriendo y el que se avecina, que sin duda será peor, es de su total responsabilidad. Deténganse a pensar la total carencia de materia gris en su gabinete. La cada vez más menguada disponibilidad de capacidad gerencial para aceptar compartir con él su gobierno y ser coparticipe del desastre. De la colosal corruptela de la mayoría de sus colaboradores. Pasar a la historia como los enterradores del país.
Piensen además que los cargos que pudiesen lograr la oposición de persistir en ir al combate desigual con el CNE de arbitro, no tendrán posibilidad alguna de contar con recursos económicos para hacer siquiera una gestión decente. Con el agravante que serán copartícipes del desastre.
De ésta manera, el pueblo se convencerá de la incapacidad de sus gobernantes para dar cumplimiento a las promesas que le ilusionaron para apoyar al presidente en su campaña y llevarlo a la máxima jefatura. Y marchará solidariamente a exigirle su renuncia incondicional. Se marcharán todos aquellos que colaboraron y usufructuaron el poder.
Aprovechemos el tiempo entonces en prepararnos para disponer de un plan concertado para reflotar el país, y reestablecer los poderes e instituciones, que hagan realidad las promesas incumplidas, que se restablezca el derecho, la dignidad perdida, que regresen nuestros familiares y que juntos contribuyamos a rehacer el país.
Luce descabellada la propuesta. La asomo como base para la reflexión. No tengan misericordia, critíquenla descarnadamente. Propongan su salida a la crisis.
Un pueblo noble, con estoicidad y esperanzado, está clamando de todos nosotros, el colectivo, que contribuyamos con nuestra acción a una salida democrática a la crisis, antes de que la rabia e impotencia les haga brotar ese espíritu animal, salvaje, refrenado, y nos encontremos de nuevo envueltos en otra asonada popular, de proporciones incontrolables todos los rincones del país, clamando justicia.
Empecemos por la decisión tomada por La Sala Constitucional del TSJ de declarar la Constitucionalidad del Artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, la cual mantiene las inhabilitaciones de algunos candidatos a alcaldes y gobernadores para participar en el próximos comicios el 28 de noviembre.
Hay varios hechos que conviene destacar:
1.- La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia del magistrado Arcadio Delgado Rosales, declaró sin lugar el recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad interpuesto por la ciudadana Ziomara del Socorro Lucena Guédez, contra el artículo 105 de la Ley Orgànica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Aprovechando, por mampuesto, para que en el mismo acto declarara la constitucionalidad del mencionado artículo, que faculta a la Contraloría General de la República para declarar la responsabilidad administrativa de aquellos funcionarios públicos incursos en ilícitos administrativos en perjuicio de la cosa pública, así como para la imposición de multas de contenido económico y la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, cuando la gravedad de la falta así lo amerite, , sin considerar para nada la ponencia que le había encargado al magistrado Pedro Rafael Rondón Haaz sobre este caso, que a propósito se inhibió, como es costumbre expresarse en los desaguisados.
2.- Con esta acción “magistral” el TSJ mata varios pájaros con un solo tiro. Resuelve la preocupación del presidente Chávez de al menos dejar abierta una posibilidad de pérdida de cotos de poder. Incrementa la frustración y enojo de los adversarios políticos. Le otorga poder discrecional e ilimitado al Contralor General para usarlo como arma contra los funcionarios incómodos, y de bloqueo de las funciones de los candidatos opositores que resultaren electos, así como también. a los potenciales candidatos presidenciales y parlamentarios que estuviesen en funciones públicas, y blinda a los seguidores del gobierno de actuar a sus anchas sin temor a sufrir estas calamidades.
3.- Con tal acción ha quedado el TSJ al desnudo. No debe quedar duda que este poder público, garante de la constitucionalidad de las leyes y decretos, está secuestrado por el poder del presidente Chávez, y continuará haciendo todo lo posible por que su actuación de favoritismo se mantenga. Queda cuestionada la actuación moral y ética de la mayoría de sus magistrados.
4.- A este poder recurrirán los ciudadanos que sientan que sus derechos están siendo vulnerados, solo para dejar constancia de que están agotando todos los recursos existentes en el país, como lo exigen las instancias judiciales y de derechos humanos internacionales, y poder recurrir a éstas para denunciar el atropello de que están siendo objeto y reclamar sanciones.
El otro hecho que ha convulsionado al país es el anuncio del presidente de haber promulgado veintiséis Decretos con rango de ley, en momentos en que se estaba venciendo el lapso otorgado mediante la Ley Habilitante, y la manera vulgar, descarada, desconsiderada y abusiva con que lo hizo, con la complicidad de los poderes públicos para cubrirle la incompetencia tanto de él como la de sus asesores legales y políticos de darle al menos un viso de legalidad al hecho.
Complicidad que se revela , entre otras, por la celeridad en que la magistrada presidente del TSJ, se reserva para sí la declaratoria de leyes orgánicas a tres de ellas que le fueron enviadas tan solo el 28 de julio y analizadas y decididas por la Sala Constitucional el día 31 de julio, cuando estaban ya apareciendo en las gacetas extraordinarias de ese mismo día. Ojala tal celeridad la tuviera cuando los casos fueran de los humildes venezolanos. No se por que, pero no quisiera pensar que las solicitudes al TSJ fueron acompañada de los correspondientes análisis y “ponencias” hechas por algún avezado constitucionalista que asesoran al gobierno. ¡Que Dios me perdone por tan mal pensamiento!.
Adicionalmente, los voceros de la Asamblea Nacional, juraron que todos los decretos aprobados por el presidente habían sido analizados exhaustivamente por la Asamblea en su oportunidad. Situación desmentida por algunos de los voceros disidentes de esa Asamblea. Por su parte la Procuradora, en acción que creo le compromete por la duda que siembra, afirma que tales decretos que fueron considerados orgánicos, fueron enviados oportunamente al TSJ. Es decir, con anterioridad a su promulgación y que posteriormente fueron publicadas. Por su parte, los representantes de las diferentes asociaciones afectadas, aseguran que nunca han sido informadas o consultadas, como lo manda la Constitución Nacional
Por su parte, el presidente empecinado en desconocer la decisión del pueblo de no avalar su comunismo, disfrazado de Socialismo del Siglo XXI, que ha querido imponer a trocha y mocha, ha dejado colar evidencias en esos decretos de su desacato de la voluntad popular. Oprtunamente las conocerá el pueblo cuando sean analizadas y difundidas por los afectados.
Tan convencido está de sus “gazapos” que ha retado a quienes tengan objeción que recurran al TSJ a solicitar pronunciamiento. Tal sugerencia me recuerda al “juego de la candelita”, con la que solíamos jugar en la infancia para divertirnos de los engaños.
Perdone presidente, seguimos siendo ingenuos y actuando como tales. Pero no abuse. La paciencia y nuestro comportamiento democrático apegado a la Constitución tiene sus límites, cuando los poderes, con descaro y sin vergüenza alguna, doblan la cerviz ante el tirano y actúan de espaldas a ese pueblo que los eligió.
¿Cuál ha sido la reacción de los partidos políticos mal llamados de la “oposición”?.
Ninguna, están apegados a su agenda política. Unos celebrando la medida del TSJ que les abrió posibilidades a sus candidaturas. Buscando pactos, sacando cuentas sobre que ceder a cambio de que. Otros como en el pasado reciente haciéndole el juego al gobierno.
Por su parte el CNE sigue montando su comparsa. No en balde ha ganado experiencia en los anteriores procesos. Amañando la escogencia de los miembros de mesas, preparando los protocolos de las máquinas. Cogiendo seña del “umpire mayor”, no sea que el bateador los deje en el campo de juego.
El resto, la oposición libre, sin compromisos partidistas o grupales, pasando su “arrechera” y buscando una salida democrática y pronta a la situación.
A ésta salida me quiero referir, con la siguiente proposición:
Permitámoslo al presidente Chávez que se cumpla su deseo de hacerse con todos los cargos de libre remoción, como ya lo hicimos con la Asamblea Nacional.
Dejémoslos que gobiernen solos sin oposición alguna. De ésta manera, todo el desastre que está ocurriendo y el que se avecina, que sin duda será peor, es de su total responsabilidad. Deténganse a pensar la total carencia de materia gris en su gabinete. La cada vez más menguada disponibilidad de capacidad gerencial para aceptar compartir con él su gobierno y ser coparticipe del desastre. De la colosal corruptela de la mayoría de sus colaboradores. Pasar a la historia como los enterradores del país.
Piensen además que los cargos que pudiesen lograr la oposición de persistir en ir al combate desigual con el CNE de arbitro, no tendrán posibilidad alguna de contar con recursos económicos para hacer siquiera una gestión decente. Con el agravante que serán copartícipes del desastre.
De ésta manera, el pueblo se convencerá de la incapacidad de sus gobernantes para dar cumplimiento a las promesas que le ilusionaron para apoyar al presidente en su campaña y llevarlo a la máxima jefatura. Y marchará solidariamente a exigirle su renuncia incondicional. Se marcharán todos aquellos que colaboraron y usufructuaron el poder.
Aprovechemos el tiempo entonces en prepararnos para disponer de un plan concertado para reflotar el país, y reestablecer los poderes e instituciones, que hagan realidad las promesas incumplidas, que se restablezca el derecho, la dignidad perdida, que regresen nuestros familiares y que juntos contribuyamos a rehacer el país.
Luce descabellada la propuesta. La asomo como base para la reflexión. No tengan misericordia, critíquenla descarnadamente. Propongan su salida a la crisis.
Un pueblo noble, con estoicidad y esperanzado, está clamando de todos nosotros, el colectivo, que contribuyamos con nuestra acción a una salida democrática a la crisis, antes de que la rabia e impotencia les haga brotar ese espíritu animal, salvaje, refrenado, y nos encontremos de nuevo envueltos en otra asonada popular, de proporciones incontrolables todos los rincones del país, clamando justicia.
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